Ayer se realizó la primera Jornada de Diálogo De la Protección a la Acción: Evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes pro el crimen organizado, cuyo anfitrión fue el senador Leora, en donde participaron representantes de organismos como UNICEF, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la organización Reinserta, quienes aportaron diagnósticos, cifras y propuestas que servirán de base para la construcción de la iniciativa legislativa. El reto es claro: existe la necesidad de reconocer el reclutamiento como un delito autónomo; diferenciándolo de otras figuras como la trata de personas.
Actualmente, México no cuenta con un tipo penal autónomo que sancione el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir, combatir y atender este delito de manera interinstitucional e integral.
El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera, indicó que su propuesta coloca en el centro el principio constitucional de interés superior de la niñez, pues, de acuerdo con el INEGI, en 2024, más de 29 mil 500 personas adolescentes fueron imputadas a nivel nacional por la comisión de hechos constitutivos de delito.
“Tenemos que contener este flagelo, las niñas, niños y adolescentes tendrían que estar en la escuela, haciendo deporte y jugando, no enfrentando a la justicia por provenir de entornos vulnerables que los volvieron presas fáciles”, sostuvo.
Juan Carlos Loera detalló que esta iniciativa se construirá con base en el trabajo conjunto con especialistas y organismos internacionales. “No se trata sólo de legislar, sino de hacerlo bien, con evidencia y escuchando a quienes han estudiado y atendido este problema desde distintos frentes”, señaló.
En este contexto, Sofía Magdalena Cobo Téllez, investigadora en justicia para adolescentes del Instituto de Ciencias Penales de la FGR, asentó que tanto el reclutamiento como la utilización de menores por parte del crimen organizado viola los derechos humanos y compromete su desarrollo integral, pues los expone a entornos violentos e inseguros, por lo que no puede ser un fenómeno aislado, dado que se les involucra en el narcomenudeo.
Juan Pablo Rodríguez Gónzalez, especialista en protección a la infancia en UNICEF México, añadió que es indispensable hablar del reclutamiento de menores en el país, pues cuando el crimen organizado utiliza a niñas, niños y adolescentes, el desafío para el Estado no es solo reaccionar, sino entender con claridad qué está enfrentando, ya que solo así se pueden atender las necesidades de las víctimas.
Karla Karelly Villanueva, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA), agregó que este fenómeno no es un daño colateral del narcotráfico, sino un método que los grupos criminales están utilizando para tomar terreno dentro de las comunidades, por lo que se trata de una estructura que utiliza la vulnerabilidad de la niñez como insumo.
Otro de los puntos abordados fue la dimensión digital del reclutamiento. Se explicó que las redes sociales y plataformas de videojuegos se han convertido en canales de captación cada vez más frecuentes, lo que exige actualizar las estrategias institucionales para prevenir este fenómeno.
Las intervenciones también subrayaron la importancia de articular una respuesta nacional coordinada. En este sentido, se informó que el tema será incorporado en el Programa Nacional de Protección 2026-2030, a fin de fortalecer las políticas públicas en la materia.
